La economía del cuidado en América Latina ha dejado de ser un concepto académico periférico para instalarse en el centro de las agendas económicas y de políticas públicas a nivel global. Más allá de una discusión sobre justicia social, recientes análisis subrayan el peso económico real de las tareas de cuidado —remuneradas y no remuneradas— y su potencial transformador para el crecimiento del PIB, la creación de empleo decente y la reducción de desigualdades estructurales que aún limitan el desarrollo económico de la región.
En el corazón de esta economía está el reconocimiento de actividades esenciales que sostienen la vida: desde la atención a la primera infancia y a personas mayores hasta el apoyo en procesos educativos y de salud. Tradicionalmente invisibilizado, este trabajo es mayoritariamente asumido por mujeres y, si se valorara económicamente, representaría una proporción significativa del producto interno bruto regional —estimaciones sitúan el aporte del trabajo de cuidado no remunerado en más del 20% del PIB en América Latina y el Caribe— una contribución que, hasta ahora, ha permanecido fuera de los sistemas de cuentas nacionales.
La desigual distribución de estas tareas crea un “costo de tiempo” que frena el acceso pleno de las mujeres al empleo formal, limita sus oportunidades de educación continua y afecta su autonomía económica. Las estadísticas muestran que las mujeres dedican entre tres y cuatro veces más horas al cuidado no remunerado que los hombres, un desequilibrio que traduce en menor participación laboral femenina y brechas persistentes en ingresos y pensiones.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, la profesionalización de los cuidados —es decir, su reconocimiento, remuneración justa y regulación en condiciones laborales decentes— representa una oportunidad estratégica para dinamizar los mercados laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL han destacado que invertir en el sector del cuidado genera empleo formal con potencial de absorber a millones de trabajadores y trabajadoras, genera demanda de servicios y puede actuar como un estabilizador económico ante crisis demográficas y sociales.
Este enfoque implica reconfigurar las prioridades del gasto social y las políticas laborales. Los sistemas de cuidados bien diseñados pueden reducir los costos ocultos de la desigualdad de género, permitir la reincorporación de mujeres al mercado laboral y reducir la informalidad, que impacta de manera desproporcionada en trabajadoras rurales y urbanas de bajos ingresos.
Las empresas tienen un rol clave en esta transformación. Políticas corporativas inclusivas —como licencias parentales ampliadas, horarios flexibles, servicios de cuidado en el lugar de trabajo y apoyos a la corresponsabilidad familiar— no solo promueven la equidad de género, sino que aumentan la productividad, reducen la rotación y fortalecen la reputación institucional. Un entorno empresarial que reconoce y apoya a quienes cuidan fortalece la cohesión social y se alinea con las mejores prácticas globales de sostenibilidad y responsabilidad social.
Además, la ampliación de servicios de cuidado formal puede catalizar la innovación en sectores como el tecnológico y el de servicios personalizados, creando nuevas oportunidades de negocios y empleo de alta calidad. Desde aplicaciones que conectan a cuidadores con familias, hasta centros de atención especializada para personas mayores, la economía del cuidado está emergiendo como un campo fértil para el emprendimiento social y la inversión con impacto.
Sin embargo, la transformación no estará exenta de desafíos. Requiere no solo recursos financieros, sino también voluntad política y un cambio cultural profundo que reposicione el cuidado como una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, las familias y comunidades. La implementación de sistemas de cuidado universales con enfoque de género implica enfrentar resistencias estructurales y prioridades de corto plazo que históricamente han relegado estas políticas.
El reconocimiento formal del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas es un símbolo de esta transición conceptual, pero su impacto real dependerá de acciones concretas que traduzcan la retórica en derechos, empleos de calidad y desarrollo económico sostenible.
La economía del cuidado, adecuada y estratégicamente integrada en la planificación económica nacional y empresarial, puede convertirse en un motor de crecimiento inclusivo. No se trata únicamente de redistribuir tareas tradicionales, sino de revalorizar un sector que tiene la capacidad de transformar los mercados laborales, fortalecer la igualdad de género y ampliar el PIB de manera sostenible. La oportunidad está sobre la mesa; la decisión de aprovecharla definirá la competitividad y justicia social de las próximas décadas en la región.
